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En mayo de 2021 los poderes legislativos aprobaron la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El propósito de esta nueva normativa es conseguir el objetivo de descarbonizar la economía española e implantar un modelo de desarrollo sostenible.
Sin duda, el Gobierno se verá obligado a impulsar una serie de reformas que cambiarán varios aspectos que afectan a la economía y la sociedad. ¿Te gustaría descubrir cuáles son los objetivos marcados en esta normativa y qué aspectos regula para abordar los retos?
¿Cuál es el objeto de la Ley de Cambio Climático en España?
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética tiene por objeto establecer las medidas necesarias para que España asegure el cumplimento de los objetivos adoptados en el Acuerdo de París del 12 de diciembre de 2015.
Las claves de este acuerdo es mantener el incremento de la temperatura global por debajo de los 2oC en este siglo y esforzarse para que alcanzar los 1,5 oC.
Desde las Naciones Unidas se ha advertido la importancia y urgencia de este asunto, además de señalar que existe una brecha entre la realidad en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero y las obligaciones que se asumieron en este Acuerdo.
Así pues, la Ley de Cambio Climático facilita la descarbonización de la economía y establece la hoja de ruta para generar nuevas oportunidades socioeconómicas que garanticen la neutralidad climática, uso racional y solidario de los recursos; a la par de crear empleo decente y contribuir a paliar las desigualdades.
¿Cuáles son los objetivos de transición energética para combatir el cambio climático?
La Ley de Cambio Climático establece unos objetivos mínimos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en acorde a las obligaciones de los acuerdos internacionales:
- Para el año 2030 deberán haberse reducido al menos un 23% con respecto del año 1990.
- Conseguir una penetración de energías renovables de al menos un 42% en el año 2030.
- Alcanzar un sistema eléctrico de, como mínimo, un 74% de generación a partir de energías renovables.
- Mejorar la eficiencia energética, disminuyendo el consumo de energía primaria en, como mínimo, un 39,5% con respecto a la línea de base conforme a la normativa comunitaria.
- Antes del año 2050 (pero con la máxima celeridad posible), España deberá alcanzar la neutralidad climática y el sistema eléctrico debe estar basado en fuentes de generación de origen renovable.
¿Cuáles son las herramientas de planificación para la transición energética?
En su artículo 4, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece una serie de Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima como instrumentos para alcanzar los objetivos marcados. El primer Plan Nacional de Energía y Clima abarcará el período 2021-2030.
Estas herramientas de planificación estratégica incluirán, al menos, el siguiente contenido:
- Los objetivos y contribuciones de reducción de gases de efecto invernadero a nivel nacional y sectorial.
- Políticas y medidas correspondientes para alcanzarlos.
- Cualquier otro objetivo, política o medida establecido en la normativa de la UE sobre la estructura y contenido de los Planes.
Junto con los Planes Nacionales de Energía y Clima, la Ley desarrolla un Estrategia de Descarbonización a 2050 que establezca la ruta para reducir los gases de efecto invernadero y de incremento de las absorciones por los sumideros de la economía española.
Dentro de la estrategia de descarbonización, la normativa de cambio climático también incluye el impulso a la digitalización de las empresas y emplear el potencial de las nuevas tecnologías.
¿Qué otras materias son reguladas en la Ley de Cambio Climático?
En lo referente a las energías renovables y eficiencia energética, la generación eléctrica en dominio público hidráulico, en las nuevas concesiones tendrá prioridad la integración de este tipo de fuentes energéticas en el sistema eléctrico.
Por otra parte, el Gobierno facilitará el uso eficiente de la energía y la utilización de las fuentes renovables en el ámbito de la edificación; fomentando la renovación, rehabilitación y el autoconsumo mediante paneles fotovoltaicos.
Por lo demás, entre otras cuestiones, también regula las siguientes materias:
- Exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.
- Investigación y aprovechamiento de yacimientos de minerales radioactivos.
- Las ayudas a productos energéticos de origen fósil (debiendo estar debidamente justificadas por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas).
- Fomento de gases renovables (biogás, biometano, hidrógeno y otros combustibles).
- Suministros de combustibles alternativos en el transporte.
- Promoción de la movilidad sin emisiones (estableciendo zonas de bajas emisiones, facilitar los desplazamientos en bicicleta o a pie, corredores verdes intraurbanos, mejoras en el transporte público, etc.).
- Instalación de puntos de recarga eléctrica.
- Reducción paulatina de las emisiones del transporte marítimo y puertos.
- Protección de la biodiversidad contra el cambio climático.
- Desarrollo rural.
- Movilización de recursos y contratación pública (inclusión en los pliegos de contratación criterios de lucha contra el cambio climático para la adjudicación).
- Educación, investigación e innovación en materia de cambio climático y transición energética.
Como se puede apreciar, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aborda el problema al que se enfrenta el mundo desde múltiples áreas, desde la educación hasta la financiación, sin olvidar las modificaciones legislativas y el desarrollo de otra normativa. Su entrada en vigor se produjo el 22 de mayo de 2021 (el día posterior a su publicación en el BOE).
