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El pasado 2018 el Gobierno decidió llevar a cabo la derogación del “impuesto al sol”. Pero, ¿en qué consiste exactamente este tributo? ¿Por qué se instauraron restricciones al autoconsumo energético? ¿Qué consecuencias tuvo para el desarrollo de las energías sostenibles? ¿Cuáles fueron los motivos de la derogación de esta tasa? ¿Qué dice el BOE en cuanto a la derogación del impuesto al sol?
En este post te desvelamos las respuestas a todos estos interrogantes que acompañan a esta polémica medida en contra de las instalaciones de paneles fotovoltaicos.
¿Qué es el impuesto al sol?
Básicamente, llamamos impuesto al sol a un cargo o un peaje aplicado a la energía generada a través de instalaciones fotovoltaicas. También fue llamado impuesto de autoconsumo, dado que se trataba de un tributo que gravaba el autoconsumo eléctrico.
En otras palabras, cualquier persona que quisiese instalar unos paneles fotovoltaicos y generar su propia electricidad, debía pagar una tasa con fines de contribuir con el sistema eléctrico.
El “cargo transitorio por energía autoconsumida” (más conocido como impuesto al sol), fue aprobado mediante Real Decreto 900/2015, el cual regulaba el autoconsumo eléctrico. La aprobación de este cargo no estuvo exenta de polémica, aunque fue avalado por el Tribunal Supremo.
El alto tribunal consideraba que no existía un impuesto como tal, sino que se trataba de una contribución a los costes de conexión al sistema eléctrico general, para los casos en los que tuviese que disponer de su respaldo. Si el consumidor no está conectado al sistema, no se le aplicaba tal gravamen (las instalaciones de autoconsumo aislado o con menos de 10 kW de potencia en BT estaban exentas).
¿Por qué se derogó el impuesto al sol?
A pesar de las razones del Gobierno y del Tribunal Supremo que avaló esta medida, el impuesto al sol no dejaba de ser un freno para el desarrollo de fuentes de energía sostenibles. Los trámites para legalizar los paneles fotovoltaicos llegaron a ser complejos y no existía ningún tipo de incentivo.
Además, la Unión Europea en su directiva de energías renovables 2030 impide una penalización mediante cargas económicas o barreras administrativas a la producción, venta, almacenamiento y compartición de energías renovables.
Así pues, el 5 de octubre de 2018, la Ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera, comunicó la derogación del impuesto al sol en el marco de las medidas del decreto-ley aprobado ese mismo día en el Consejo de Ministros (Real Decreto-ley 15/2018). Un año antes, el Congreso de los Diputados reconoció el derecho al autoconsumo eléctrico sin aplicación de cargas para los usuarios.
España es uno de los países europeos con más horas solares. Sin embargo, es uno de los países que más retraso presentan en este campo. En palabras de Teresa Ribera, “existen 1.000 instalaciones, frente al millón que tiene Alemania”.
Al año siguiente, en 2019, se aprobó la normativa vigente en materia: el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
La normativa de derogación del impuesto al sol en el BOE
El Real Decreto-ley de 2018 tenía por objeto aplicar unas medias urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. En él se contemplan una serie de medidas para fomentar el uso de la energía solar. Las principales medidas que recoge la legislación son las siguientes:
- Se reconoce el derecho al autoconsumo de energía sin ningún tipo de carga económica.
- Derecho al autoconsumo compartido para aprovechar las economías de escala.
- Simplificación administrativa y técnica de las instalaciones fotovoltaicas (especialmente las de pequeña potencia).
- Compensación de los excedentes que sean inyectados en la red eléctrica.
Ventajas de la derogación del impuesto al sol
En realidad, pocas acciones políticas han sido tan aclamadas como la derogación del impuesto al sol. Las ventajas que presenta su eliminación benefician tanto a los pequeños consumidores como al impulso de las energías verdes.
Por otra parte, tanto los particulares con una potencia superior a 10 kW como las Pymes que adoptan modelo energético sostenible se vieron beneficiados. No tan sólo por la eliminación de un gravamen, sino en el ámbito administrativo y en cuanto a la compensación al derivar a la red el excedente de suministro. La reducción en la factura de la luz puede llegar hasta el 70%.
La demanda de placas solares y las instalaciones de energías renovables se han visto aumentadas, puesto que su amortización es más rápida. La instalación de placas aumentó un 80% sólo en 2018.
Las energías renovables se han visto favorecidas tras la eliminación del impuesto al sol. Todo ello deriva en un paso adelante hacia la transición energética y el desarrollo sostenible.
